En esta nueva entrada de nuestro blog abordamos un tema candente: las implicaciones ambientales y climáticas del Plan Estratégico de la PAC, de la mano de personas altamente implicadas en dicho Plan.

Autoras : Elisabet Nadeu, Estelle Midler, Juliette Pagnon

El sistema alimentario de la Unión Europea tiene repercusiones considerables en el clima y el medio ambiente. Se calcula que los sistemas alimentarios europeos son responsables del 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del continente. La agricultura es también la principal presión sobre la biodiversidad (por el uso de pesticidas, la simplificación del paisaje y la destrucción de hábitats), y contribuye de forma significativa a la degradación del suelo y a la reducción de la calidad y disponibilidad del agua. La transición ecológica de la agricultura es necesaria y urgente.

La Política Agrícola Común (PAC) de la UE, que apoya la producción agrícola a través de diferentes instrumentos (“intervenciones”) es la principal oportunidad de financiación de los sistemas alimentarios. Creada hace 60 años, la PAC es una de las políticas más antiguas de la UE, y hoy recibe alrededor del 30% del presupuesto total de la UE. La última reforma de esta política ha introducido una nueva estructura («modelo de reparto») que entró en vigor en los Estados miembros a principios de 2023. Incluye un conjunto de diez objetivos específicos: uno de innovación transversal, tres económicos, tres sociales, y tres objetivos medioambientales y climáticos: la acción por el clima, la protección de los recursos naturales y la conservación de la biodiversidad. Se pidió a los Estados miembros que presentaran un Plan Estratégico Nacional en el que se expusieran, entre otras cosas: las necesidades del país para cada objetivo específico, las intervenciones que tenían previsto llevar a cabo para hacer frente a esas necesidades y el presupuesto asignado a esas intervenciones. Esta nueva estructura se propuso para: a) pasar a un enfoque basado en el rendimiento b) dar más flexibilidad a los Estados miembros de adaptar las ayudas de la PAC a las condiciones y necesidades locales, y c) aumentar el impacto de la PAC en términos de sostenibilidad.

Este informe forma parte de una serie de evaluaciones de los Planes Estratégicos de la PAC en los Estados miembros con grandes sectores agrícolas y en los que el potencial para abordar los retos climáticos y medioambientales nacionales y de la UE es elevado. Las evaluaciones cubren la posible contribución de los Planes Estratégicos a la mitigación del cambio climático y a la adaptación al mismo, a los recursos naturales y a la protección de la biodiversidad.

El análisis del Plan Estratégico español sugiere que el Estado no ha aumentado significativamente su ambición medioambiental y climática para la nueva PAC en relación a la antigua. El Plan contiene algunas mejoras, como un mayor apoyo a la agricultura ecológica y un nuevo requisito de registro de las aportaciones de fertilizantes y productos ecológicos a los suelos (BCAM 10). Sin embargo, la asignación presupuestaria a los objetivos medioambientales y socioeconómicos no presenta diferencias significativas con respecto al periodo anterior de la PAC y no llega a satisfacer las necesidades identificadas en materia de medio ambiente, biodiversidad y clima. Intervenciones novedosas como los eco-regímenes, si se rediseñan y recompensan adecuadamente, así como la revisión de las condiciones de las ayudas a la renta acopladas y las inversiones en sistemas de regadío, podrían brindar la oportunidad de mejorar la aportación medioambiental y climática del sector agrario español, contribuyendo a los objetivos fijados por el Pacto Verde Europeo.

El informe propone dos conjuntos de recomendaciones para mejorar el impacto potencial del gasto de la PAC. El primer conjunto se centra en posibles modificaciones del Plan de España en el periodo actual e incluye:

  • Abordar las lagunas existentes entre los retos y necesidades identificados y las intervenciones previstas (por ejemplo, adaptación al cambio climático y uso del agua, reducción de emisiones de GEI procedentes de la ganadería). En el caso de ciertas intervenciones no hayan sido programadas por ser complementadas con legislación nacional (por ejemplo, las asociadas a riesgos), éstas deberían ser explicadas en el Plan.
  • Reforzar las condiciones de condicionalidad (BCAM). En particular, para la superficie dedicada a elementos paisajísticos (BCAM 8, por ejemplo, 10% de elementos paisajísticos y barbecho en lugar de 4% ) y para el uso de fertilizantes (BCAM 10, por ejemplo, considerar la introducción de un compromiso u objetivos para reducir efectivamente el uso de fertilizantes) en consonancia con los objetivos de la estrategia «De la Granja a la Mesa» del Pacto Verde Europeo.
  • Revisar los eco-regímenes para reforzar los requisitos medioambientales e introducir pagos más ambiciosos que recompensen a los agricultores de forma más justa por sus esfuerzos. En la actualidad, España recompensa la introducción de prácticas agrarias medioambientalmente más ambiciosas (eco-regímenes) con un pago fijo por hectárea, con sólo un importe adicional de 25 euros/ha por dos de las prácticas si se mantiene el compromiso en los años siguientes. Esta bonificación podría ampliarse a todas las prácticas, en particular a las que conducen a un aumento del carbono orgánico del suelo (para evitar su liberación a corto plazo).
  • Mejorar la coherencia entre las necesidades identificadas y las intervenciones con relación al uso y consumo de agua. Por ejemplo, a través de la introducción de requisitos más estrictos para las intervenciones de apoyo a las inversiones en sistemas de regadío a fin de reducir aún más, o al menos evitar que aumente, el consumo de agua; la reducción de los pagos asignados a las tierras de regadío y el aumento de los pagos en zonas de secano, así como el fomento del cambio a cultivos intensivos de bajo consumo de agua (en los eco-regímenes y las medidas del segundo pilar).
  • Incluir salvaguardas para tener en cuenta los posibles trade-offs entre los diversos objetivos medioambientales (por ejemplo, limitar o prohibir el uso de herbicidas en las prácticas de eco-regímenes que promueven la agricultura de conservación y la siembra directa) y reforzar los requisitos y las salvaguardias sobre medidas potencialmente perjudiciales, como las ayudas asociadas a la ganadería (por ejemplo, estableciendo un límite al número de cabezas de ganado que pueden optar a las ayudas en consonancia con los objetivos climáticos).
  • Introducir pagos basados en resultados para intervenciones específicas dirigidas a resolver problemas concretos. Incluir enfoques colectivos que puedan ser beneficiosos para la conservación de los recursos naturales y la biodiversidad y aumentar el presupuesto para enfoques innovadores y la formación y el asesoramiento correspondientes.

El segundo conjunto de recomendaciones se centra en la próxima PAC y otras políticas relacionadas:

  • Asegurar la ambición de los Planes Estratégicos de la PAC y sus intervenciones. Esto significa tener en cuenta los tradeoffs entre los objetivos medioambientales y climáticos, incluir salvaguardas adicionales (por ejemplo, para la biodiversidad cuando se apoya la siembra directa, o el clima en las ayudas a la renta acopladas), e identificar y promover estrategias ganadoras.
  • Aumentar la acción para reducir las emisiones de GEI y el secuestro de carbono del sector agrícola en la revisión de 2023 de los planes nacionales de energía y clima de los Estados miembros (NECP, prevista para el 30 de junio de 2023), y modificar en consecuencia el Plan Estratégico de la PAC.
  • Introducir obligaciones medioambientales y climáticas para las medidas transversales, todas las intervenciones sectoriales y las inversiones productivas en el próximo reglamento de la UE, para garantizar que una parte mínima del presupuesto se destine a proyectos que contribuyan a estos objetivos.
  • Acompañar los cambios en los sistemas de producción con cambios en otras partes de los sistemas alimentarios, por ejemplo desarrollando una estrategia de sistemas alimentarios que incluya objetivos para el consumo de carne y lácteos, o aplicando normas de sostenibilidad a los productos importados. Así se limitaría el riesgo de fuga de carbono a países no pertenecientes a la UE.

El informe completo está disponible AQUÍ.

Desde la Junta Directiva de Red Remedia agradecemos a Estelle, Elisabet y Juliette por haber escrito este texto para el blog de la Red. Y a Inma Batalla por hacer de enlace 🙂